Impunidad vs. Desastres y Accidentes Industriales. Los casos de Bhopal, Nigeria y Ecuador.

Las empresas transnacionales en muchos casos son responsables directas o indirectas de la violación de los derechos humanos en los lugares donde se asientan. Igualmente, y ya fuera ejerciendo su poder e influencia a través de lobbies en órganos decisorios y reguladores legales internacionales, o trasladando esa influencia hacia las instituciones locales donde instalan sus complejos, muchas multinacionales han conseguido situarse por encima de la ley y eludir la acción de la justicia. Un caso evidente está vinculado a los desastres y accidentes industriales que con origen en sus instalaciones y complejos han llegado a causar graves daños sobre medioambiente y poblaciones en países en desarrollo.

Se proponen a continuación algunos casos que en la historia reciente han ejemplificado la vulnerabilidad y el quebranto de los derechos humanos que sufren estas poblaciones frente a la acción de las grandes corporaciones instaladas en sus tierras, así como la permisividad con que las leyes nacionales e internacionales tratan a los responsables.

El desastre en la ciudad india de Bhopal en 1984 es considerado como la mayor catástrofe química de la historia. Propiedad conjunta de la compañía estadounidense Union Carbide y el Gobierno Indio, la fábrica de pesticidas situada en esta localidad sufrió un escape de 40 toneladas de gases que formando una densa nube, recorrió a ras de suelo la ciudad, provocando en la primera semana más de 8.000 víctimas mortales, llegando a más de 20.000 en total, además de afectar a más de 500.000 personas, entre las que más de 100.000 sufrieron secuelas permanentes. Igualmente, el desastre afectó en gran medida a la economía local, ganadería y al medioambiente, quedando el entorno, aguas y suelos, gravemente contaminados por las sustancias toxicas y metales pesados fruto del escape, pero también debido al abandono posterior de la fábrica por parte de Union Carbide dejando un legado tóxico en la zona.

Sin embargo, las consecuencias judiciales del desastre se limitaron a una condena de dos años de prisión y una multa de 10.000 dólares por “negligencia criminal”, "negligencia grave” y “homicidio culpable sin grado de asesinato” a ocho empresarios indios, saliendo indemne el Director General del momento de Union Carbide.

Tras el paso de las instalaciones de Union Carbide en Bhopal al Estado indio en 1989, la multinacional acordó pagar 470 millones de dólares a cambio de que se abandonaran los juicios contra sus directivos, emitiendo un comunicado en el que estimaba que con el pago quedaba liberada de cualquier reclamación “presente o futura”. Este pago se hizo con el beneplácito del Tribunal Supremo indio, pero con el rechazo de las víctimas y grupos de la sociedad civil que lo cuestionaron por insuficiente. A las dificultades para poder reclamar los pagos, a las que se añadían los problemas burocráticos, judiciales o la propia corrupción, se añadían a una situación de empobrecimiento generalizado en la zona, problemas de salud, empleo, medioambientales, etc. En este contexto, los grupos más vulnerables, sufrían con mayor virulencia el rechazo social y las secuelas del desastre, en especial las mujeres afectadas por el escape dada su incapacidad para poder trabajar o tener descendencia.

Otro caso tiene que ver con la acción de la compañía petrolera holandesa Shell, que instalada durante décadas en Nigeria ha sido causante de graves problemas medioambientales en el delta del rio Niger. El impacto de sus oleoductos, junto con múltiples vertidos e incendios han afectado especialmente al pueblo Ogoní, que durante décadas ha asistido a como la petrolera, con la complicidad del gobierno, se beneficiaba y contaminaba al mismo tiempo sus tierras y aguas. La perdida de la tierra y la ausencia de siquiera unos mínimos beneficios económicos en contraprestación, ha llevado a esta comunidad a verse sumida cada vez más en la pobreza y carecer de unos mínimos recursos básicos. 

Eduardo Galeano nos cuenta desde su libro “Patas arriba: la escuela del mundo al revés” la odisea y lucha pacífica de este pueblo y de uno de sus líderes: El escritor Ken Saro-Wiwa, que documentó los daños causados por las petrolera a su tierra y como consecuencia murió ahorcado en 1995 junto con otros ocho activistas, a manos de la junta militar nigeriana. Según denuncian los movimientos de derechos humanos defensores de la causa Ogoní, estos asesinatos se hicieron en connivencia con las petroleras.

En 2009, y durante la celebración de un juicio que permitió mostrar los daños causados y la complicidad de Shell con el gobierno nigeriano, un arreglo extrajudicial limito a solo 11 millones de euros el pago que la petrolera tuvo que hacer a los demandantes familiares de Saro-Wiwa y otros ejecutados, quedando para la historia la frase que, recuerda Galeano, lanzó el director general de la Shell en Nigeria, Naemeka Achebe:

 «Para una empresa comercial que se propone realizar inversiones, es necesario un ambiente de estabilidad... Las dictaduras ofrecen eso».

Se pueden enumerar otros casos como el legado toxico de la propia Shell en la isla de Curaçao frente a las costas venezolanas, y que a pesar de tener que haber pagado al menos 400 millones de dólares en indemnizaciones, consiguió vender la refinería al gobierno local por un dólar eximiéndose de cualquier responsabilidad. Otro caso es el de la multinacional Trafigura en 2006, que a pesar de ser responsable del vertido de residuos tóxicos en Abiyan, Costa de Marfil que afectaron a más de 100.000 personas, consiguió en 2007 un acuerdo con el Gobierno de Costa de Marfil por el que obtuvo inmunidad frente al procesamiento, del mismo modo que frente a una demanda civil presentada en Reino Unido en nombre de algunas de las víctimas, Trafigura llegó a otro acuerdo en el que no admitía ninguna responsabilidad.

Por último, un caso de plena actualidad tiene que ver con las maniobras judiciales de la petrolera Texaco, ahora Chevron, para evitar pagar cualquier compensación por la contaminación y muerte de más de 1.400 indígenas de la Amazonia ecuatoriana. Este litigo aún se mantiene, dado que a pesar de ser condenada en 2009, la petrolera se niega a asumir el pago de 19.000 millones de dólares por daños medioambientales y perjuicios para las personas y las comunidades de las zonas afectadas.

Frente a un camino legal plagado de obstáculos para los denunciantes, las grandes corporaciones continúan afrontando con relativa tranquilidad las diferentes denuncias que surgen alrededor de sus prácticas y los desastres provocados. Su poderío económico e influencia a diferentes niveles hace difícil encontrar mecanismos justos de rendición de cuentas que defiendan en primer lugar los derechos de las sociedades y tierras por encima del interés particular. Igualmente los órdenes jurídicos tanto de países huésped como de origen de las empresas, no ofrecen instrumentos que permitan controlar y sancionar la conducta de las empresas transnacionales, del mismo modo que el orden jurídico internacional tampoco dispone de mecanismos para subsanar de forma plena estas carencias.

Por último cabe recordar también en la misma zona el yacimiento aurífero de Cajamarca en Perú y los problemas que para la población local está generando la acción de las empresas concesionarias y la ausencia de garantías y beneficios, así como la degradación medioambiental que está suponiendo la explotación de este yacimiento. Minería afecta poblado de Cajamarca.

A modo de conclusión y buscando respuestas y responsabilidades, se quiere hacer caso del llamamiento que desde el Gobierno Ecuatoriano se ha hecho a la comunidad internacional y a la sociedad civil para forzar el acatamiento por parte de Chevron de la millonaria condena, y que le ha llevado entre otras acciones, al embargo de los activos de Chevron en el país por parte de la justicia ecuatoriana o a buscar cobrar la indemnización en 30 países a través de acciones judiciales. Mientras, la empresa permanece prófuga de la justicia ecuatoriana, a la vez que ha demandado al Gobierno del Estado de Ecuador por supuesto incumplimiento de un tratado bilateral firmado con Estados Unidos.