POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL CONTEXTO DE POLITICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMATICO.

Articulo publicado inicialmente como contribucion al Informe Mundial sobre Desarrollo Sostenible 2015 de Naciones Unidas bajo el título "Políticas de protecciónsocial en el contexto de políticas de desarrollo sostenible y cambio climático".

El presente artículo explica algunos de los aspectos más importantes, declaraciones y programas por país que permiten explicar la evolución e importancia global de las políticas que reconocen la integración de las políticas de protección social con las de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático.  

Integración de la Protección Social en el debate climático y medioambiental  

Con el apoyo de iniciativas como los Pisos de Protección Social (PPS), liderada por la OIT y la OMS y definida como un “conjunto integrado de políticas sociales diseñado para garantizar a toda persona la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales esenciales, prestando especial atención a los grupos vulnerables y protegiendo y capacitando a las personas a lo largo del ciclo de vida” (OIT, 2011), se considera esta vinculación entre políticas de protección social y protección medioambiental, considerándose que pueden facilitar igualmente la transición verde hacia sectores como la reforestación, la energía eólica o solar o el reciclaje, además de mejorar la salud, facilitar el acceso a la energía o proporcionar nuevas oportunidades de empleo para los más pobres y vulnerables (OIT, 2012).  

Otros enfoques consideran la necesidad de elaborar medidas que impulsen la creación, adaptación y el refuerzo de los sistemas de protección social hacia modelos “a prueba del clima”, que permitan a los Estados garantizar los derechos de personas y comunidades (Jodoin y Lofts, 2013).  

El termino desarrollado por Davies et al., (2009) denominado Protección Social Adaptativa, permite identificar los objetivos comunes de la protección social, la adaptación al cambio climático o la reducción del riesgo de desastres, y lleva a considerar como la protección social puede ayudar a las personas a adaptarse al cambio climático, facilitando la capacidad de enfrentar los múltiples riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los pobres y excluidos en estos contextos (Bene et al., 2013).  

Desde diversos foros globales se ha reconocido también la importancia e integración de la protección social en la lucha contra el Cambio Climático. La Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación, demandó en 2009 que las comunidades más pobres y vulnerables estuvieran protegidas de los impactos acumulativos que el cambio climático ejerce sobre el hambre y la pobreza, a través de la mejora de los programas de protección social y su integración bajo estrategias y enfoques adaptativos (UNCEB, 2009).  

El documento Final de la Cumbre del Milenio de 2010, propuso enfrentar los impactos de la crisis a partir del desarrollo de medios vinculados directamente a la protección social (ONU, 2010). Del mismo modo, la Resolución final de Rio+20 “El futuro que queremos” (ONU, 2012) reconoció la protección social, dada la necesidad de “apoyar a los países en desarrollo en su labor para erradicar la pobreza y promover el empoderamiento de los pobres”, identificándose las políticas verdes para promover y alcanzar la inclusión social, más específicamente unos niveles mínimos de protección Social (art.58n), donde es “esencial disponer de sistemas de protección social que encaren y reduzcan las desigualdades y la exclusión social” (art.107).  

El Quinto Informe de Evaluación del Panel Internacional del Cambio Climático (IPCC) reconoce igualmente la importancia de los procesos de transformación que aprovechan las sinergias entre la planificación de la adaptación al cambio climático, las estrategias de desarrollo, la protección social, y la reducción del riesgo de desastres. Estas sinergias se reflejan en el aumento de la resiliencia de los medios de vida a largo plazo entre las personas pobres y marginadas, ya fuera en contextos urbanos o rurales o regionales (Field et al., 2014).  

Experiencias por país  

El programa Bolsa Familia del Gobierno de Brasil es considerado por el IPCC por ofrecer vías concretas para hacer frente a las vulnerabilidades sistémicas y desigualdades que impiden las respuestas eficaces a las crisis graves (Olsson et al., 2014), ofreciendo compensaciones para personas de bajos recursos afectadas por las políticas de reducción de la deforestación (OIT, 2012), aumentando los ingresos de estas poblaciones, mientras se fomentan los medios de vida dirigidos a la conservación de los ecosistemas y el uso sostenible de los recursos naturales (OIT, 2013).  

En Etiopia, el Programa de Seguridad Alimentaria (FSP), ha sido reconocido por el IPCC por su vinculación positiva de la protección social con las repuestas al cambio climático (Noble et al., 2014), aumentando la seguridad alimentaria y reduciendo la vulnerabilidad entre las poblaciones más expuestas a la sequia y fortaleciendo la capacidad de recuperación de los medios de vida rurales (Davies et al., 2009; OIT, 2013).  

La Ley Nacional India de Garantía de Empleo Rural es de las mayores iniciativas mundiales de protección social basada en derechos (Davies et al., 2013), permitiendo desarrollar la capacidad productiva rural y la resiliencia al Cambio Climático, a partir de tres objetivos básicos: acabar con la pobreza en los pueblos a través del empleo; mejorar la acción de los gobiernos locales; y promover la autosostenibilidad de los pueblos (Matta, 2009).  

El  Programa de desarrollo de tierras altas de Filipinas, tiene como objetivo proteger a las poblaciones vulnerables frente a las consecuencias de la crisis financiera mundial y los impactos del cambio climático buscando “la transformación de la pobreza en autosuficiencia y de la degradación en restauración”, a través de actividades que permitan conservar, proteger y utilizar de una forma sostenible las áreas boscosas (Atienza, 2009).  

El camino a seguir  

El aumento de la importancia de los enfoques y experiencias expuestas no hace sino proponer el reconocimiento y la mayor integración de las políticas de protección social en el contexto futuro de políticas de desarrollo Post-2015, así como en las políticas de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático. La ecuación que propone este modelo de conectar la protección de las personas y la protección del planeta no ofrece opción para el arrepentimiento en su implementación y desarrollo a medio o largo plazo.

SOCIAL PROTECTION POLICIES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICIES AND CLIMATE CHANGE.

Article first published as a contribution to the United Nations 2015 Global Sustainable Development Report under the title "Social protection policies in the context of sustainable development policies and climate change".

This article exposes some of the most important aspects, statements and country programs that explain the evolution and global importance of policies that integrate social protection policies with those oriented to promote sustainable development and responses to climate change. 

The integration of Social Protection in the climate and environmental debate 

With the support of initiatives such as the Social Protection Floors (PPS), led by the ILO and WHO, and defined as an “integrated set of social policies designed to guarantee income security and access to essential social services for all, paying particular attention to vulnerable groups and protecting and empowering people across the life cycle” (ILO, 2011), there is an increase interest to link social protection policies with policies of sustainable development and those aimed to combat climate change, considering that they can also facilitate the green transition to sectors such as reforestation, wind or solar energy or recycling, in addition to improve health, facilitate access to energy or provide new employment opportunities for those more poor and vulnerable (ILO, 2012). 

Similar approaches consider the need for measures to promote the creation, adaptation and strengthening of social protection systems towards "climate proof" models that allow States to guarantee the rights of individuals and communities (Jodoin and Lofts, 2013). The term developed by Davies et al., (2009) called Adaptive Social Protection, identifies the common objectives of social protection, climate change adaptation and disaster risk reduction, leading to consider that social protection can help people to adapt to climate change, facilitating the ability to face multiple risks and vulnerabilities faced by the poor and excluded in these contexts (Bene et al., 2013). 

From several global forums there has been recognition of the importance and integration of social protection in the fight against climate change. The Chief Executive Board of the United Nations System for Coordination claimed in 2009 that the poorest and most vulnerable communities should be protected from the cumulative impacts that climate change has on hunger and poverty through improving social protection programs and their integration under adaptive strategies and approaches (UNCEB, 2009). 

The Final Document of the 2010 Millennium Summit, proposed to cope with the impacts of the crisis from the development of policies related with social protection (UN, 2010). Similarly, the final resolution of the Conference Rio+20 "The Future We Want" (UN, 2012) recognized social protection, given the need to support "developing countries in their efforts to eradicate poverty and promote empowerment of the poor", identifying green policies to promote and achieve social inclusion, more specifically a minimum level of social protection (art.58n), where “social protection systems that address and reduce inequality and social exclusion are essential for eradicating poverty and advancing the achievement of the MDGs” (art.107). 

The Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) also recognizes the importance of the transformation processes that exploit the synergies between the planning of adaptation to climate change, development strategies, social protection, and disaster risk reduction policies. These synergies are reflected in the increased resilience of livelihoods in the long term among poor and marginalized people, whether in urban or rural or regional contexts (Field et al., 2014). 

Experiences by country 

The Bolsa Familia program of the Government of Brazil is also recognized by the IPCC to provide concrete measures to address the systemic vulnerabilities and inequalities that block effective responses to major crises (Olsson et al., 2014), providing compensation for poor people affected by the policies of reducing deforestation (ILO, 2012), increasing the income of these populations, while livelihoods aimed at the conservation of ecosystems and sustainable use of natural resources are promoted (ILO, 2013). 

In Ethiopia, the Food Security Programme (FSP) has been recognized by the IPCC for its positive linkage of social protection with the responses to climate change (Noble et al., 2014), increasing food security and reducing vulnerability to drought among more vulnerable populations and strengthening the resilience of rural livelihoods (Davies et al., 2009; ILO, 2013). 

The Indian National Rural Employment Guarantee Act is one of the world's largest rights based social protection initiatives allowing develop rural productive capacity and resilience to climate change, from three basic objectives (Davies et al, 2013.): end poverty in the villages through employment; improve the performance of local governments; and promote self-sustainability of peoples (Matta, 2009). 

The Philippines’ Upland Development Program, aims to protect vulnerable populations from the consequences of the global financial crisis and the impacts of climate change aiming to "transform poverty into self-sufficiency and degradation into restoration ", through activities that conserve, protect and use in a sustainable way forested areas (Atienza, 2009). 

The way forward 

The increasing importance of the described approaches and experiences, lead to consider the recognition and greater integration of social protection policies in the future context of the development policy framework post-2015, as well as in the context of policies for sustainable development and the fight against climate change. Lastly, the present policy approach and examples, connecting the protection of people and the protection of the planet brings durable benefits with few options for regret in its implementation and long-term development.