lunes, 11 de agosto de 2014

Crisis, inmigración y políticas de retorno

Desde finales de la década pasada, la crisis económica, social, política y también de valores, ha llevado a España a pasar de ser una de las “en teoría” economías más boyantes del continente europeo a sufrir unas cifras alarmantes de endeudamiento, desempleo y aumento de la pobreza. La inmigración, que desde finales del siglo pasado ayudó a poner en marcha y desarrollar el modelo económico que en algún momento llego a considerarse como “el milagro español” no ha sido ajena a las consecuencias de la crisis, y en estos momentos es uno de los grupos que más están sufriendo las secuelas del parón económico y laboral, así como el aumento de los recortes en servicios sociales. Sirvan estas líneas para ver la evolución y la situación actual de los inmigrantes en España bajo el actual contexto de crisis.



Con algunos hitos fundamentales como la instauración de la democracia, la entrada en la Unión Europa, la modernización del país, la entrada del Euro y un “boom” urbanístico que demandaba un mayor número de mano de obra, España pasó de ser un país emisor a ser un país receptor de emigrantes en pocas décadas. A diferencia de otros países como Reino Unido o Alemania, en donde el aumento de la inmigración se fue amoldando al crecimiento interno de una forma más paulatina, España pasó de tener en 1998 menos de un millón de inmigrantes, a tener más de cinco en 2009, pasando de estar en un lugar medio entre los 27 países de la Unión Europea en el año 2000 en número de inmigrantes, a ser el segundo país de la UE con mayor número en 2007 con más de cuatro millones, solo por detrás de Alemania y superando a países como Reino Unido, Francia o Italia.

El crecimiento económico de España durante la primera década del siglo XXI estuvo vinculado principalmente al aumento de los servicios de mercado y la construcción, mientras que los sectores de la industria y la agricultura, ganadería y pesca perdían un porcentaje significativo dentro de su aportación al PIB. Estos sectores en crecimiento, servicios y construcción, fueron los que recibieron en mayor medida la aportación de la mano de obra inmigrante llegada a España, creciendo en el periodo de 2000 a 2007 en casi dos millones y medio de empleos, siendo la primera economía europea en crear empleo para inmigrantes seguida a mucha distancia por el Reino Unido que en ese periodo creó un millón de empleos.

Sin embargo, del mismo modo que el empleo durante la década del 2000 aumentó significativamente para los inmigrantes en España, se destruyó con la misma rapidez una vez que las consecuencias de la crisis comenzaron a hacerse más evidentes, siendo en muchos casos los trabajadores migrantes los primeros que perdían sus empleos. Como caso significativo está el sector de la construcción que llegando a un pico de empleabilidad de mano de obra migrante en 2007 de más de 400.000 empleos, paso a emplear únicamente a 150.000 inmigrantes en el 2011. Parte de esa mano de obra se reconvirtió al sector de la hostelería, que pasó de tener la misma cifra de empleados que el sector de la construcción en el año 2002, alrededor de 125.000 empleos, y que creció durante esa década pasando a tener alrededor de 270.000 en 2007 y 350.000 en 2011 de trabajadores inmigrantes. 



Las variaciones sobre la tasa de afiliados a la Seguridad Social también reflejó este aumento y posterior reducción en el número de afiliados como consecuencia de la crisis, siendo en 2002, 830.000 los afiliados extranjeros, alcanzando su mayor numero en 2007 con 1.980.000 afiliados y comenzando un progresivo declive que en 2011 situaba el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en 1.800.000.

La situación a comienzos de 2013 continuaba reflejando esta progresiva pérdida de empleo y beneficios sociales para los inmigrantes en España. En ese año, la tasa de paro de los extranjeros que vivían en España alcanzó el 36,5%, con una diferencia de más de 12 puntos con los españoles (24,23%). El total de extranjeros con más de 16 años viviendo en España era de 4,5 millones (sobre un total de 5,5 millones y recordando que el mayor número de extranjeros en España se contabilizó en 2011 con 5,8 millones), con 3,3 millones activos (disponibles y en condiciones de trabajar), estando 2,1 millones de los mismos ocupados y el resto, 1,2 millones, parados. Las cifras en la Seguridad Social continuaban reflejando la tendencia expuesta con anterioridad, situando el número de inmigrantes con alta en la Seguridad Social en 1.600.355 personas, bajando la tasa interanual entre 2012 y 2013 en 89.831 cotizantes.

Una de las consecuencias evidentes de la crisis sobre la población migrante en España ha sido el aumento de los retornos o los desplazamientos hacia otros países, y que se puede ver reflejado en la disminución de las nacionalidades más numerosas como la rumana, que en 2012 redujo su población en casi 30.000 personas sobre un total de 868.000, o los países latinoamericanos que son los que porcentualmente vieron reducida su población en España de una forma más significativa durante 2012, a saber: Ecuador, perdiendo 45.000 frente a un total de 262.000 personas; Colombia reduciéndose en 24.000 sobre un total de 221.000; Bolivia, que sobre un total de 168.000 personas perdió 13.000; Perú, que perdió 12.000 con un total de 109.000 y; Argentina que sobre 97.000 súbditos vio reducido su número en 11.000. 

Por último se quiere referir a los problemas que muchos de los nacionales de estos países están encontrando a la hora de plantearse el retorno a sus lugares de origen. Si ya de por si la situación de plantearse el retorno puede llegar a ser dramática en las historias de vida de muchos migrantes que ven como su proyecto vital resulta fallido teniendo que verse forzados a volver a sus lugares de origen en donde la situación económica o personal puede ser más acuciante que la experimentada en España, su situación actual sin apenas medios una vez agotadas las prestaciones, sin la existencia de unas redes familiares asentadas para enfrentar la crisis, y ante unas ayudas limitadas para poder enfrentar con garantías el retorno a sus lugares de origen, hace que muchos de estos inmigrantes que al igual que muchos nacionales en su momento creyeron estar viviendo “el sueño español”, estén cada vez más abocados a sufrir la pobreza y la exclusión.


Artículo presentado en el seminario sobre "Sistema Penitenciario, Derechos Humanos, Educación e Inmigración: nuevos desafios a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos". Celebrado en Septiembre de 2013 en el Centro Unesco de Getafe. Organizado por Centro Unesco Getafe, Instituto para la Investigación, Desarrollo Humano, Sociedad y Derechos Humanos (IPIDISODH) y ACODIP.

No hay comentarios:

Publicar un comentario