POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL CONTEXTO DE POLITICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMATICO.

Articulo publicado inicialmente como contribucion al Informe Mundial sobre Desarrollo Sostenible 2015 de Naciones Unidas bajo el título "Políticas de protecciónsocial en el contexto de políticas de desarrollo sostenible y cambio climático".

El presente artículo explica algunos de los aspectos más importantes, declaraciones y programas por país que permiten explicar la evolución e importancia global de las políticas que reconocen la integración de las políticas de protección social con las de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático.  

Integración de la Protección Social en el debate climático y medioambiental  

Con el apoyo de iniciativas como los Pisos de Protección Social (PPS), liderada por la OIT y la OMS y definida como un “conjunto integrado de políticas sociales diseñado para garantizar a toda persona la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales esenciales, prestando especial atención a los grupos vulnerables y protegiendo y capacitando a las personas a lo largo del ciclo de vida” (OIT, 2011), se considera esta vinculación entre políticas de protección social y protección medioambiental, considerándose que pueden facilitar igualmente la transición verde hacia sectores como la reforestación, la energía eólica o solar o el reciclaje, además de mejorar la salud, facilitar el acceso a la energía o proporcionar nuevas oportunidades de empleo para los más pobres y vulnerables (OIT, 2012).  

Otros enfoques consideran la necesidad de elaborar medidas que impulsen la creación, adaptación y el refuerzo de los sistemas de protección social hacia modelos “a prueba del clima”, que permitan a los Estados garantizar los derechos de personas y comunidades (Jodoin y Lofts, 2013).  

El termino desarrollado por Davies et al., (2009) denominado Protección Social Adaptativa, permite identificar los objetivos comunes de la protección social, la adaptación al cambio climático o la reducción del riesgo de desastres, y lleva a considerar como la protección social puede ayudar a las personas a adaptarse al cambio climático, facilitando la capacidad de enfrentar los múltiples riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los pobres y excluidos en estos contextos (Bene et al., 2013).  

Desde diversos foros globales se ha reconocido también la importancia e integración de la protección social en la lucha contra el Cambio Climático. La Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación, demandó en 2009 que las comunidades más pobres y vulnerables estuvieran protegidas de los impactos acumulativos que el cambio climático ejerce sobre el hambre y la pobreza, a través de la mejora de los programas de protección social y su integración bajo estrategias y enfoques adaptativos (UNCEB, 2009).  

El documento Final de la Cumbre del Milenio de 2010, propuso enfrentar los impactos de la crisis a partir del desarrollo de medios vinculados directamente a la protección social (ONU, 2010). Del mismo modo, la Resolución final de Rio+20 “El futuro que queremos” (ONU, 2012) reconoció la protección social, dada la necesidad de “apoyar a los países en desarrollo en su labor para erradicar la pobreza y promover el empoderamiento de los pobres”, identificándose las políticas verdes para promover y alcanzar la inclusión social, más específicamente unos niveles mínimos de protección Social (art.58n), donde es “esencial disponer de sistemas de protección social que encaren y reduzcan las desigualdades y la exclusión social” (art.107).  

El Quinto Informe de Evaluación del Panel Internacional del Cambio Climático (IPCC) reconoce igualmente la importancia de los procesos de transformación que aprovechan las sinergias entre la planificación de la adaptación al cambio climático, las estrategias de desarrollo, la protección social, y la reducción del riesgo de desastres. Estas sinergias se reflejan en el aumento de la resiliencia de los medios de vida a largo plazo entre las personas pobres y marginadas, ya fuera en contextos urbanos o rurales o regionales (Field et al., 2014).  

Experiencias por país  

El programa Bolsa Familia del Gobierno de Brasil es considerado por el IPCC por ofrecer vías concretas para hacer frente a las vulnerabilidades sistémicas y desigualdades que impiden las respuestas eficaces a las crisis graves (Olsson et al., 2014), ofreciendo compensaciones para personas de bajos recursos afectadas por las políticas de reducción de la deforestación (OIT, 2012), aumentando los ingresos de estas poblaciones, mientras se fomentan los medios de vida dirigidos a la conservación de los ecosistemas y el uso sostenible de los recursos naturales (OIT, 2013).  

En Etiopia, el Programa de Seguridad Alimentaria (FSP), ha sido reconocido por el IPCC por su vinculación positiva de la protección social con las repuestas al cambio climático (Noble et al., 2014), aumentando la seguridad alimentaria y reduciendo la vulnerabilidad entre las poblaciones más expuestas a la sequia y fortaleciendo la capacidad de recuperación de los medios de vida rurales (Davies et al., 2009; OIT, 2013).  

La Ley Nacional India de Garantía de Empleo Rural es de las mayores iniciativas mundiales de protección social basada en derechos (Davies et al., 2013), permitiendo desarrollar la capacidad productiva rural y la resiliencia al Cambio Climático, a partir de tres objetivos básicos: acabar con la pobreza en los pueblos a través del empleo; mejorar la acción de los gobiernos locales; y promover la autosostenibilidad de los pueblos (Matta, 2009).  

El  Programa de desarrollo de tierras altas de Filipinas, tiene como objetivo proteger a las poblaciones vulnerables frente a las consecuencias de la crisis financiera mundial y los impactos del cambio climático buscando “la transformación de la pobreza en autosuficiencia y de la degradación en restauración”, a través de actividades que permitan conservar, proteger y utilizar de una forma sostenible las áreas boscosas (Atienza, 2009).  

El camino a seguir  

El aumento de la importancia de los enfoques y experiencias expuestas no hace sino proponer el reconocimiento y la mayor integración de las políticas de protección social en el contexto futuro de políticas de desarrollo Post-2015, así como en las políticas de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático. La ecuación que propone este modelo de conectar la protección de las personas y la protección del planeta no ofrece opción para el arrepentimiento en su implementación y desarrollo a medio o largo plazo.

SOCIAL PROTECTION POLICIES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICIES AND CLIMATE CHANGE.

Article first published as a contribution to the United Nations 2015 Global Sustainable Development Report under the title "Social protection policies in the context of sustainable development policies and climate change".

This article exposes some of the most important aspects, statements and country programs that explain the evolution and global importance of policies that integrate social protection policies with those oriented to promote sustainable development and responses to climate change. 

The integration of Social Protection in the climate and environmental debate 

With the support of initiatives such as the Social Protection Floors (PPS), led by the ILO and WHO, and defined as an “integrated set of social policies designed to guarantee income security and access to essential social services for all, paying particular attention to vulnerable groups and protecting and empowering people across the life cycle” (ILO, 2011), there is an increase interest to link social protection policies with policies of sustainable development and those aimed to combat climate change, considering that they can also facilitate the green transition to sectors such as reforestation, wind or solar energy or recycling, in addition to improve health, facilitate access to energy or provide new employment opportunities for those more poor and vulnerable (ILO, 2012). 

Similar approaches consider the need for measures to promote the creation, adaptation and strengthening of social protection systems towards "climate proof" models that allow States to guarantee the rights of individuals and communities (Jodoin and Lofts, 2013). The term developed by Davies et al., (2009) called Adaptive Social Protection, identifies the common objectives of social protection, climate change adaptation and disaster risk reduction, leading to consider that social protection can help people to adapt to climate change, facilitating the ability to face multiple risks and vulnerabilities faced by the poor and excluded in these contexts (Bene et al., 2013). 

From several global forums there has been recognition of the importance and integration of social protection in the fight against climate change. The Chief Executive Board of the United Nations System for Coordination claimed in 2009 that the poorest and most vulnerable communities should be protected from the cumulative impacts that climate change has on hunger and poverty through improving social protection programs and their integration under adaptive strategies and approaches (UNCEB, 2009). 

The Final Document of the 2010 Millennium Summit, proposed to cope with the impacts of the crisis from the development of policies related with social protection (UN, 2010). Similarly, the final resolution of the Conference Rio+20 "The Future We Want" (UN, 2012) recognized social protection, given the need to support "developing countries in their efforts to eradicate poverty and promote empowerment of the poor", identifying green policies to promote and achieve social inclusion, more specifically a minimum level of social protection (art.58n), where “social protection systems that address and reduce inequality and social exclusion are essential for eradicating poverty and advancing the achievement of the MDGs” (art.107). 

The Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) also recognizes the importance of the transformation processes that exploit the synergies between the planning of adaptation to climate change, development strategies, social protection, and disaster risk reduction policies. These synergies are reflected in the increased resilience of livelihoods in the long term among poor and marginalized people, whether in urban or rural or regional contexts (Field et al., 2014). 

Experiences by country 

The Bolsa Familia program of the Government of Brazil is also recognized by the IPCC to provide concrete measures to address the systemic vulnerabilities and inequalities that block effective responses to major crises (Olsson et al., 2014), providing compensation for poor people affected by the policies of reducing deforestation (ILO, 2012), increasing the income of these populations, while livelihoods aimed at the conservation of ecosystems and sustainable use of natural resources are promoted (ILO, 2013). 

In Ethiopia, the Food Security Programme (FSP) has been recognized by the IPCC for its positive linkage of social protection with the responses to climate change (Noble et al., 2014), increasing food security and reducing vulnerability to drought among more vulnerable populations and strengthening the resilience of rural livelihoods (Davies et al., 2009; ILO, 2013). 

The Indian National Rural Employment Guarantee Act is one of the world's largest rights based social protection initiatives allowing develop rural productive capacity and resilience to climate change, from three basic objectives (Davies et al, 2013.): end poverty in the villages through employment; improve the performance of local governments; and promote self-sustainability of peoples (Matta, 2009). 

The Philippines’ Upland Development Program, aims to protect vulnerable populations from the consequences of the global financial crisis and the impacts of climate change aiming to "transform poverty into self-sufficiency and degradation into restoration ", through activities that conserve, protect and use in a sustainable way forested areas (Atienza, 2009). 

The way forward 

The increasing importance of the described approaches and experiences, lead to consider the recognition and greater integration of social protection policies in the future context of the development policy framework post-2015, as well as in the context of policies for sustainable development and the fight against climate change. Lastly, the present policy approach and examples, connecting the protection of people and the protection of the planet brings durable benefits with few options for regret in its implementation and long-term development.

Crisis, inmigración y políticas de retorno

Desde finales de la década pasada, la crisis económica, social, política y también de valores, ha llevado a España a pasar de ser una de las “en teoría” economías más boyantes del continente europeo a sufrir unas cifras alarmantes de endeudamiento, desempleo y aumento de la pobreza. La inmigración, que desde finales del siglo pasado ayudó a poner en marcha y desarrollar el modelo económico que en algún momento llego a considerarse como “el milagro español” no ha sido ajena a las consecuencias de la crisis, y en estos momentos es uno de los grupos que más están sufriendo las secuelas del parón económico y laboral, así como el aumento de los recortes en servicios sociales. Sirvan estas líneas para ver la evolución y la situación actual de los inmigrantes en España bajo el actual contexto de crisis.

Con algunos hitos fundamentales como la instauración de la democracia, la entrada en la Unión Europa, la modernización del país, la entrada del Euro y un “boom” urbanístico que demandaba un mayor número de mano de obra, España pasó de ser un país emisor a ser un país receptor de emigrantes en pocas décadas. A diferencia de otros países como Reino Unido o Alemania, en donde el aumento de la inmigración se fue amoldando al crecimiento interno de una forma más paulatina, España pasó de tener en 1998 menos de un millón de inmigrantes, a tener más de cinco en 2009, pasando de estar en un lugar medio entre los 27 países de la Unión Europea en el año 2000 en número de inmigrantes, a ser el segundo país de la UE con mayor número en 2007 con más de cuatro millones, solo por detrás de Alemania y superando a países como Reino Unido, Francia o Italia.

El crecimiento económico de España durante la primera década del siglo XXI estuvo vinculado principalmente al aumento de los servicios de mercado y la construcción, mientras que los sectores de la industria y la agricultura, ganadería y pesca perdían un porcentaje significativo dentro de su aportación al PIB. Estos sectores en crecimiento, servicios y construcción, fueron los que recibieron en mayor medida la aportación de la mano de obra inmigrante llegada a España, creciendo en el periodo de 2000 a 2007 en casi dos millones y medio de empleos, siendo la primera economía europea en crear empleo para inmigrantes seguida a mucha distancia por el Reino Unido que en ese periodo creó un millón de empleos.

Sin embargo, del mismo modo que el empleo durante la década del 2000 aumentó significativamente para los inmigrantes en España, se destruyó con la misma rapidez una vez que las consecuencias de la crisis comenzaron a hacerse más evidentes, siendo en muchos casos los trabajadores migrantes los primeros que perdían sus empleos. Como caso significativo está el sector de la construcción que llegando a un pico de empleabilidad de mano de obra migrante en 2007 de más de 400.000 empleos, paso a emplear únicamente a 150.000 inmigrantes en el 2011. Parte de esa mano de obra se reconvirtió al sector de la hostelería, que pasó de tener la misma cifra de empleados que el sector de la construcción en el año 2002, alrededor de 125.000 empleos, y que creció durante esa década pasando a tener alrededor de 270.000 en 2007 y 350.000 en 2011 de trabajadores inmigrantes. 

Las variaciones sobre la tasa de afiliados a la Seguridad Social también reflejó este aumento y posterior reducción en el número de afiliados como consecuencia de la crisis, siendo en 2002, 830.000 los afiliados extranjeros, alcanzando su mayor numero en 2007 con 1.980.000 afiliados y comenzando un progresivo declive que en 2011 situaba el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en 1.800.000.

La situación a comienzos de 2013 continuaba reflejando esta progresiva pérdida de empleo y beneficios sociales para los inmigrantes en España. En ese año, la tasa de paro de los extranjeros que vivían en España alcanzó el 36,5%, con una diferencia de más de 12 puntos con los españoles (24,23%). El total de extranjeros con más de 16 años viviendo en España era de 4,5 millones (sobre un total de 5,5 millones y recordando que el mayor número de extranjeros en España se contabilizó en 2011 con 5,8 millones), con 3,3 millones activos (disponibles y en condiciones de trabajar), estando 2,1 millones de los mismos ocupados y el resto, 1,2 millones, parados. Las cifras en la Seguridad Social continuaban reflejando la tendencia expuesta con anterioridad, situando el número de inmigrantes con alta en la Seguridad Social en 1.600.355 personas, bajando la tasa interanual entre 2012 y 2013 en 89.831 cotizantes.

Una de las consecuencias evidentes de la crisis sobre la población migrante en España ha sido el aumento de los retornos o los desplazamientos hacia otros países, y que se puede ver reflejado en la disminución de las nacionalidades más numerosas como la rumana, que en 2012 redujo su población en casi 30.000 personas sobre un total de 868.000, o los países latinoamericanos que son los que porcentualmente vieron reducida su población en España de una forma más significativa durante 2012, a saber: Ecuador, perdiendo 45.000 frente a un total de 262.000 personas; Colombia reduciéndose en 24.000 sobre un total de 221.000; Bolivia, que sobre un total de 168.000 personas perdió 13.000; Perú, que perdió 12.000 con un total de 109.000 y; Argentina que sobre 97.000 súbditos vio reducido su número en 11.000. 

Por último se quiere referir a los problemas que muchos de los nacionales de estos países están encontrando a la hora de plantearse el retorno a sus lugares de origen. Si ya de por si la situación de plantearse el retorno puede llegar a ser dramática en las historias de vida de muchos migrantes que ven como su proyecto vital resulta fallido teniendo que verse forzados a volver a sus lugares de origen en donde la situación económica o personal puede ser más acuciante que la experimentada en España, su situación actual sin apenas medios una vez agotadas las prestaciones, sin la existencia de unas redes familiares asentadas para enfrentar la crisis, y ante unas ayudas limitadas para poder enfrentar con garantías el retorno a sus lugares de origen, hace que muchos de estos inmigrantes que al igual que muchos nacionales en su momento creyeron estar viviendo “el sueño español”, estén cada vez más abocados a sufrir la pobreza y la exclusión.

Artículo presentado en el seminario sobre "Sistema Penitenciario, Derechos Humanos, Educación e Inmigración: nuevos desafios a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos". Celebrado en Septiembre de 2013 en el Centro Unesco de Getafe. Organizado por Centro Unesco Getafe, Instituto para la Investigación, Desarrollo Humano, Sociedad y Derechos Humanos (IPIDISODH) y ACODIP.

Impunidad vs. Desastres y Accidentes Industriales. Los casos de Bhopal, Nigeria y Ecuador.

Las empresas transnacionales en muchos casos son responsables directas o indirectas de la violación de los derechos humanos en los lugares donde se asientan. Igualmente, y ya fuera ejerciendo su poder e influencia a través de lobbies en órganos decisorios y reguladores legales internacionales, o trasladando esa influencia hacia las instituciones locales donde instalan sus complejos, muchas multinacionales han conseguido situarse por encima de la ley y eludir la acción de la justicia. Un caso evidente está vinculado a los desastres y accidentes industriales que con origen en sus instalaciones y complejos han llegado a causar graves daños sobre medioambiente y poblaciones en países en desarrollo.

Se proponen a continuación algunos casos que en la historia reciente han ejemplificado la vulnerabilidad y el quebranto de los derechos humanos que sufren estas poblaciones frente a la acción de las grandes corporaciones instaladas en sus tierras, así como la permisividad con que las leyes nacionales e internacionales tratan a los responsables.

El desastre en la ciudad india de Bhopal en 1984 es considerado como la mayor catástrofe química de la historia. Propiedad conjunta de la compañía estadounidense Union Carbide y el Gobierno Indio, la fábrica de pesticidas situada en esta localidad sufrió un escape de 40 toneladas de gases que formando una densa nube, recorrió a ras de suelo la ciudad, provocando en la primera semana más de 8.000 víctimas mortales, llegando a más de 20.000 en total, además de afectar a más de 500.000 personas, entre las que más de 100.000 sufrieron secuelas permanentes. Igualmente, el desastre afectó en gran medida a la economía local, ganadería y al medioambiente, quedando el entorno, aguas y suelos, gravemente contaminados por las sustancias toxicas y metales pesados fruto del escape, pero también debido al abandono posterior de la fábrica por parte de Union Carbide dejando un legado tóxico en la zona.

Sin embargo, las consecuencias judiciales del desastre se limitaron a una condena de dos años de prisión y una multa de 10.000 dólares por “negligencia criminal”, "negligencia grave” y “homicidio culpable sin grado de asesinato” a ocho empresarios indios, saliendo indemne el Director General del momento de Union Carbide.

Tras el paso de las instalaciones de Union Carbide en Bhopal al Estado indio en 1989, la multinacional acordó pagar 470 millones de dólares a cambio de que se abandonaran los juicios contra sus directivos, emitiendo un comunicado en el que estimaba que con el pago quedaba liberada de cualquier reclamación “presente o futura”. Este pago se hizo con el beneplácito del Tribunal Supremo indio, pero con el rechazo de las víctimas y grupos de la sociedad civil que lo cuestionaron por insuficiente. A las dificultades para poder reclamar los pagos, a las que se añadían los problemas burocráticos, judiciales o la propia corrupción, se añadían a una situación de empobrecimiento generalizado en la zona, problemas de salud, empleo, medioambientales, etc. En este contexto, los grupos más vulnerables, sufrían con mayor virulencia el rechazo social y las secuelas del desastre, en especial las mujeres afectadas por el escape dada su incapacidad para poder trabajar o tener descendencia.

Otro caso tiene que ver con la acción de la compañía petrolera holandesa Shell, que instalada durante décadas en Nigeria ha sido causante de graves problemas medioambientales en el delta del rio Niger. El impacto de sus oleoductos, junto con múltiples vertidos e incendios han afectado especialmente al pueblo Ogoní, que durante décadas ha asistido a como la petrolera, con la complicidad del gobierno, se beneficiaba y contaminaba al mismo tiempo sus tierras y aguas. La perdida de la tierra y la ausencia de siquiera unos mínimos beneficios económicos en contraprestación, ha llevado a esta comunidad a verse sumida cada vez más en la pobreza y carecer de unos mínimos recursos básicos. 

Eduardo Galeano nos cuenta desde su libro “Patas arriba: la escuela del mundo al revés” la odisea y lucha pacífica de este pueblo y de uno de sus líderes: El escritor Ken Saro-Wiwa, que documentó los daños causados por las petrolera a su tierra y como consecuencia murió ahorcado en 1995 junto con otros ocho activistas, a manos de la junta militar nigeriana. Según denuncian los movimientos de derechos humanos defensores de la causa Ogoní, estos asesinatos se hicieron en connivencia con las petroleras.

En 2009, y durante la celebración de un juicio que permitió mostrar los daños causados y la complicidad de Shell con el gobierno nigeriano, un arreglo extrajudicial limito a solo 11 millones de euros el pago que la petrolera tuvo que hacer a los demandantes familiares de Saro-Wiwa y otros ejecutados, quedando para la historia la frase que, recuerda Galeano, lanzó el director general de la Shell en Nigeria, Naemeka Achebe:

 «Para una empresa comercial que se propone realizar inversiones, es necesario un ambiente de estabilidad... Las dictaduras ofrecen eso».

Se pueden enumerar otros casos como el legado toxico de la propia Shell en la isla de Curaçao frente a las costas venezolanas, y que a pesar de tener que haber pagado al menos 400 millones de dólares en indemnizaciones, consiguió vender la refinería al gobierno local por un dólar eximiéndose de cualquier responsabilidad. Otro caso es el de la multinacional Trafigura en 2006, que a pesar de ser responsable del vertido de residuos tóxicos en Abiyan, Costa de Marfil que afectaron a más de 100.000 personas, consiguió en 2007 un acuerdo con el Gobierno de Costa de Marfil por el que obtuvo inmunidad frente al procesamiento, del mismo modo que frente a una demanda civil presentada en Reino Unido en nombre de algunas de las víctimas, Trafigura llegó a otro acuerdo en el que no admitía ninguna responsabilidad.

Por último, un caso de plena actualidad tiene que ver con las maniobras judiciales de la petrolera Texaco, ahora Chevron, para evitar pagar cualquier compensación por la contaminación y muerte de más de 1.400 indígenas de la Amazonia ecuatoriana. Este litigo aún se mantiene, dado que a pesar de ser condenada en 2009, la petrolera se niega a asumir el pago de 19.000 millones de dólares por daños medioambientales y perjuicios para las personas y las comunidades de las zonas afectadas.

Frente a un camino legal plagado de obstáculos para los denunciantes, las grandes corporaciones continúan afrontando con relativa tranquilidad las diferentes denuncias que surgen alrededor de sus prácticas y los desastres provocados. Su poderío económico e influencia a diferentes niveles hace difícil encontrar mecanismos justos de rendición de cuentas que defiendan en primer lugar los derechos de las sociedades y tierras por encima del interés particular. Igualmente los órdenes jurídicos tanto de países huésped como de origen de las empresas, no ofrecen instrumentos que permitan controlar y sancionar la conducta de las empresas transnacionales, del mismo modo que el orden jurídico internacional tampoco dispone de mecanismos para subsanar de forma plena estas carencias.

Por último cabe recordar también en la misma zona el yacimiento aurífero de Cajamarca en Perú y los problemas que para la población local está generando la acción de las empresas concesionarias y la ausencia de garantías y beneficios, así como la degradación medioambiental que está suponiendo la explotación de este yacimiento. Minería afecta poblado de Cajamarca.

A modo de conclusión y buscando respuestas y responsabilidades, se quiere hacer caso del llamamiento que desde el Gobierno Ecuatoriano se ha hecho a la comunidad internacional y a la sociedad civil para forzar el acatamiento por parte de Chevron de la millonaria condena, y que le ha llevado entre otras acciones, al embargo de los activos de Chevron en el país por parte de la justicia ecuatoriana o a buscar cobrar la indemnización en 30 países a través de acciones judiciales. Mientras, la empresa permanece prófuga de la justicia ecuatoriana, a la vez que ha demandado al Gobierno del Estado de Ecuador por supuesto incumplimiento de un tratado bilateral firmado con Estados Unidos.

2014

Este año voy a escribir mucho más por aquí. Queda dicho. En cuanto se resuelvan un par de cositas. ¡Suerte!