Articulo publicado inicialmente como contribucion al Informe Mundial sobre Desarrollo Sostenible 2015 de Naciones Unidas bajo el título "Políticas de protecciónsocial en el contexto de políticas de desarrollo sostenible y cambio climático".
El presente artículo explica algunos de los aspectos más importantes, declaraciones y programas por país que permiten explicar la evolución e importancia global de las políticas que reconocen la integración de las políticas de protección social con las de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático.
Integración de la Protección Social en el debate climático y medioambiental
Con el apoyo de iniciativas como los Pisos de Protección Social (PPS), liderada por la OIT y la OMS y definida como un “conjunto integrado de políticas sociales diseñado para garantizar a toda persona la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales esenciales, prestando especial atención a los grupos vulnerables y protegiendo y capacitando a las personas a lo largo del ciclo de vida” (OIT, 2011), se considera esta vinculación entre políticas de protección social y protección medioambiental, considerándose que pueden facilitar igualmente la transición verde hacia sectores como la reforestación, la energía eólica o solar o el reciclaje, además de mejorar la salud, facilitar el acceso a la energía o proporcionar nuevas oportunidades de empleo para los más pobres y vulnerables (OIT, 2012).
Otros enfoques consideran la necesidad de elaborar medidas que impulsen la creación, adaptación y el refuerzo de los sistemas de protección social hacia modelos “a prueba del clima”, que permitan a los Estados garantizar los derechos de personas y comunidades (Jodoin y Lofts, 2013).
El termino desarrollado por Davies et al., (2009) denominado Protección Social Adaptativa, permite identificar los objetivos comunes de la protección social, la adaptación al cambio climático o la reducción del riesgo de desastres, y lleva a considerar como la protección social puede ayudar a las personas a adaptarse al cambio climático, facilitando la capacidad de enfrentar los múltiples riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los pobres y excluidos en estos contextos (Bene et al., 2013).
Desde diversos foros globales se ha reconocido también la importancia e integración de la protección social en la lucha contra el Cambio Climático. La Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación, demandó en 2009 que las comunidades más pobres y vulnerables estuvieran protegidas de los impactos acumulativos que el cambio climático ejerce sobre el hambre y la pobreza, a través de la mejora de los programas de protección social y su integración bajo estrategias y enfoques adaptativos (UNCEB, 2009).
El documento Final de la Cumbre del Milenio de 2010, propuso enfrentar los impactos de la crisis a partir del desarrollo de medios vinculados directamente a la protección social (ONU, 2010). Del mismo modo, la Resolución final de Rio+20 “El futuro que queremos” (ONU, 2012) reconoció la protección social, dada la necesidad de “apoyar a los países en desarrollo en su labor para erradicar la pobreza y promover el empoderamiento de los pobres”, identificándose las políticas verdes para promover y alcanzar la inclusión social, más específicamente unos niveles mínimos de protección Social (art.58n), donde es “esencial disponer de sistemas de protección social que encaren y reduzcan las desigualdades y la exclusión social” (art.107).
El Quinto Informe de Evaluación del Panel Internacional del Cambio Climático (IPCC) reconoce igualmente la importancia de los procesos de transformación que aprovechan las sinergias entre la planificación de la adaptación al cambio climático, las estrategias de desarrollo, la protección social, y la reducción del riesgo de desastres. Estas sinergias se reflejan en el aumento de la resiliencia de los medios de vida a largo plazo entre las personas pobres y marginadas, ya fuera en contextos urbanos o rurales o regionales (Field et al., 2014).
Experiencias por país
El programa Bolsa Familia del Gobierno de Brasil es considerado por el IPCC por ofrecer vías concretas para hacer frente a las vulnerabilidades sistémicas y desigualdades que impiden las respuestas eficaces a las crisis graves (Olsson et al., 2014), ofreciendo compensaciones para personas de bajos recursos afectadas por las políticas de reducción de la deforestación (OIT, 2012), aumentando los ingresos de estas poblaciones, mientras se fomentan los medios de vida dirigidos a la conservación de los ecosistemas y el uso sostenible de los recursos naturales (OIT, 2013).
En Etiopia, el Programa de Seguridad Alimentaria (FSP), ha sido reconocido por el IPCC por su vinculación positiva de la protección social con las repuestas al cambio climático (Noble et al., 2014), aumentando la seguridad alimentaria y reduciendo la vulnerabilidad entre las poblaciones más expuestas a la sequia y fortaleciendo la capacidad de recuperación de los medios de vida rurales (Davies et al., 2009; OIT, 2013).
La Ley Nacional India de Garantía de Empleo Rural es de las mayores iniciativas mundiales de protección social basada en derechos (Davies et al., 2013), permitiendo desarrollar la capacidad productiva rural y la resiliencia al Cambio Climático, a partir de tres objetivos básicos: acabar con la pobreza en los pueblos a través del empleo; mejorar la acción de los gobiernos locales; y promover la autosostenibilidad de los pueblos (Matta, 2009).
El Programa de desarrollo de tierras altas de Filipinas, tiene como objetivo proteger a las poblaciones vulnerables frente a las consecuencias de la crisis financiera mundial y los impactos del cambio climático buscando “la transformación de la pobreza en autosuficiencia y de la degradación en restauración”, a través de actividades que permitan conservar, proteger y utilizar de una forma sostenible las áreas boscosas (Atienza, 2009).
El camino a seguir
El aumento de la importancia de los enfoques y experiencias expuestas no hace sino proponer el reconocimiento y la mayor integración de las políticas de protección social en el contexto futuro de políticas de desarrollo Post-2015, así como en las políticas de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático. La ecuación que propone este modelo de conectar la protección de las personas y la protección del planeta no ofrece opción para el arrepentimiento en su implementación y desarrollo a medio o largo plazo.
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