LA ACCION CLIMATICA COMO MECANISMO PARA FACILITAR LOS PACTOS POLITICOS EN LOS AYUNTAMIENTOS TRAS LAS ELECCIONES

Publicado en El Bercial y en el Periódico de Castilla la Mancha

Con cierto optimismo se quiere observar una creciente importancia de las políticas de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático en el debate político, durante la reciente campaña electoral municipal. No obstante, una visión más realista nos llevaría igualmente a reconocer, el todavía largo camino que queda para hacer de estas políticas un pilar fundamental en la acción municipal durante los próximos años.

Con el nuevo escenario político surgido tras el 24 de mayo, la necesidad de pactos entre diversas formaciones en la mayoría de las ciudades podría elevar la importancia de las políticas de sostenibilidad y climáticas como ejes vertebradores de consensos, programas y pactos conjuntos de gobierno. En este sentido, se ofrecen a continuación una serie de aportaciones que pretenden entroncar estas políticas con aspectos de acción política, legal, socioeconómica o participativa, como parte de ese consenso necesario entre formaciones en el ámbito municipal.

En primer lugar, cualquier consenso debe partir de la necesidad de entender el carácter transversal de las políticas vinculadas al desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático, fomentando su integración en todas y cada de las áreas de gobierno así como la colaboración con los diferentes niveles de la administración. Por tanto, la acción climática en los ayuntamientos debe tener un carácter poroso que no solo impregne las áreas más vinculadas, de movilidad, energía, urbanismo, espacios verdes o residuos, etc., sino que debe alcanzar e influir otros ámbitos como los económicos y financieros, culturales o servicios sociales entre otros.

Durante los últimos años, hemos observado como desde una adaptación determinada de la legalidad vigente, se ha procedido a la privatización progresiva de servicios públicos, ya fuera en ámbitos como la sanidad o la educación, pero también en lo concerniente a la gestión del agua. Desde los nuevos gobiernos se debe observar escrupulosamente como han sido estos procesos, paralizando privatizaciones y blindando el agua como un bien público cuya gestión debe estar en mano de la ciudadanía haciendo de que su gestión sea netamente pública, transparente y participativa.

Del mismo modo, esta legalidad adaptada a unos intereses económicos determinados ha supuesto la creación de impuestos desde la Administración que han limitado y son un lastre para el fomento del autoconsumo energético a través de las energías renovables. Son los Ayuntamientos quienes conjuntamente, deben actuar decididamente para superar estas limitaciones, totalmente injustas tanto para la ciudadanía como para el medioambiente, enfrentando estas leyes e impuestos y elevando estas reclamaciones a los órganos correspondientes ya fuera en el ámbito nacional o europeo, a la par que preparan las estructuras urbanas, ya fueran normativas o físicas, para el fomento del autoconsumo energético a través de renovables en edificios públicos y privados.

Es en este contexto desde donde podemos hablar igualmente de sostenibilidad y justicia social y la importancia de vincular la protección del medioambiente y el fomento de medios de vida sostenibles con la protección de las personas y la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Luchar contra la pobreza energética, las renovaciones energéticas de edificios, la generalización de las experiencias de agricultura urbana y periurbana, o en general, la difusión de modelos de economía y empleos verdes, nos señalan un camino hacia el que nuestras ciudades se deben dirigir si el objetivo es conseguir una transición social, energética y de medios de producción más sostenibles y una sociedad más justa, equitativa y respetuosa con el medio que la acoge.

Y por último, entendiendo que estos procesos implican en primer lugar el desarrollar un fuerte componente de concienciación, participación y formación. A pesar de la supuesta voluntad por el cambio, nuestros cargos electos, técnicos municipales o la propia ciudadanía en general, carecemos en gran medida de los conocimientos, el nivel de concienciación o los mecanismos participativos necesarios para llevar a cabo los cambios que se requieren si queremos que nuestras ciudades puedan ser reconocidas como ejes en los procesos de transformación urbana mencionados en estas líneas.

Se proponen estos enfoques, político, legal, socioeconómico y, formativo-participativo como puntas de lanza desde donde podemos mejor enmarcar una futura acción climática en los próximos cuatro años para nuestras ciudades, y alcanzar puntos de acuerdo y consenso entre las diferentes formaciones políticas.